El empresario Marcelo Porcel fue procesado este lunes en la causa que lo investiga por presuntos abusos sexuales contra diez alumnos del colegio Palermo Chico. La resolución judicial lo señala como penalmente responsable de delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravados por tratarse de menores de 13 años y por haberse valido de una situación de guarda.

El fallo, al que accedió Infobae, también lo imputa por corrupción de menores y por la producción de material de abuso sexual infantil. En ese marco, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país y un embargo sobre sus bienes por 112 millones de pesos. No obstante, continuará el proceso en libertad.

De acuerdo con el documento judicial, los hechos se habrían reiterado en múltiples ocasiones y en concurso ideal con otros delitos vinculados a la explotación de menores, lo que agrava el cuadro acusatorio.

Porcel, de 51 años, es un empresario con trayectoria en los sectores inmobiliario y agropecuario. La investigación lo ubica como responsable de hechos cometidos contra compañeros de su propio hijo, todos estudiantes del mismo establecimiento educativo. Las denuncias, presentadas por las familias de los menores, describen encuentros en domicilios y oficinas del imputado, donde presuntamente promovía el consumo de alcohol y actividades como apuestas en línea.

La causa se inició el 5 de julio de 2024 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard, con la intervención del fiscal Pablo Turano. El abogado querellante, Pablo Hawlena Gianotti, había solicitado la detención del acusado.

Entre los escenarios señalados en el expediente figuran la vivienda familiar del empresario en Palermo, un departamento desocupado en la Torre Le Parc de Puerto Madero —propiedad de su madre— y sus oficinas. Uno de los elementos centrales de la investigación surge del análisis de sus dispositivos electrónicos, donde se habrían encontrado imágenes y mensajes que refuerzan las acusaciones.

Desde el inicio del proceso, el juez Bruniard impuso a Porcel una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de las víctimas, del colegio Palermo Chico y del club GEBA, donde concurren los menores. Además, ordenó allanamientos en propiedades vinculadas al empresario y el secuestro de computadoras y teléfonos celulares.

Según consta en la causa, peritajes sobre dos de esos dispositivos permitieron detectar imágenes sensibles, entre ellas fotos de menores en situaciones de intimidad. Algunas de ellas fueron reconocidas por denunciantes y sus familias, lo que las convierte en prueba relevante dentro del expediente.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre dos y tres años atrás, aunque las denuncias formales se presentaron en 2024, luego de que los padres de los alumnos tomaran conocimiento de los relatos y comenzaran a restringir el contacto de sus hijos con el empresario.

El caso también tiene impacto por el perfil de Porcel, hijo de uno de los fundadores de Argencard, una de las primeras tarjetas de crédito del país. Sin embargo, el foco de la investigación judicial está puesto en determinar responsabilidades penales en una causa que, por su gravedad, continúa en pleno desarrollo.